En el marco de la creciente tensión por el presupuesto educativo, el rector, Ing. Oscar Arellano, brindó detalles sobre el estado crítico de la Ley de Financiamiento Universitario y el impacto de las nuevas propuestas legislativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.

Arellano, recordó que, tras un complejo proceso legislativo que incluyó un veto y una posterior insistencia parlamentaria, existe hoy un mandato legal que el Gobierno Nacional ignora. “Hay una resolución de la justicia diciéndole al gobierno nacional que debe cumplir con la ley”, sentenció el Rector, y subrayó que la normativa vigente establece una actualización salarial basada en la inflación acumulada.

El punto más crítico del conflicto radica en la brecha salarial del último año. Según explicó el Rector, la ley actual contempla una actualización para 2025 basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomando como base los haberes de diciembre de 2023. En contraste, la nueva propuesta oficialista busca eliminar ese mecanismo. “Lo que hoy plantea el gobierno de la nueva ley es (...) simplemente otorgar un 12.3%”, lo cual, advirtió, “implica básicamente convalidar y dejar firme la pérdida salarial de un 30% aproximadamente que hubo en el año 24”.

Además del aspecto salarial, la autoridad manifestó su preocupación por el financiamiento de áreas estratégicas como la investigación, y las obras de infraestructura. Según sus declaraciones, la propuesta del Ejecutivo es limitada y busca eludir la obligación de recomponer el poder adquisitivo perdido durante el año pasado.

Respecto al futuro de la normativa en el Poder Legislativo, el Rector se mostró cauteloso debido a los cambios en la representación política tras las últimas elecciones. “El Congreso es muy dinámico. (...) Estamos a la expectativa, no puedo anticipar cómo va a terminar esta situación, pero las opciones están todas: que la aprueben como la presentaron, con modificaciones o que no la aprueben”, concluyó.